Acto de recuerdo a Berta Cáceres en el segundo aniversario de su asesinato

Han sido varias las ocasiones que durante los últimos meses hemos organizado actos relacionados directamente con el asesinato de Berta Cáceres. La hemos recordado varias veces en nuestro ciclo “sal de la butaca”, en la presentación de la campaña Valiente de Amnistía Internacional, tanto en Benasque, como en Huesca, con la que hemos coorganizado todos estos actos. En el penúltimo, también con el Colectivo Feminista de Huesca, contamos con la presencia en nuestra ciudad de su hija Laura. El viernes, 2 de marzo, coincidiendo con el segundo aniversario de su asesinato y el 25 del nacimiento de su organización (COPINH), las tres organizaciones hemos vuelto a organizar, como ya hicimos también el año pasado, un acto en recuerdo de esta gran mujer y luchadora, todo un ejemplo, que hemos utilizado para homenajear, conocer y recordar a todas las personas que están siendo asesinadas y amenazadas por ser referentes de las luchas sociales, ambientales y por los Derechos Humanos en otras partes del planeta. Os dejamos el texto que se leyó el viernes.

MANIFIESTO ACTO 2 DE MARZO DE 2018

Desde Ecologistas en Acción, el Colectivo de Mujeres Feministas y el grupo de Amnistía Internacional de Huesca queremos recordar la persecución y violencia que sufren en todo el mundo las personas defensoras de derechos humanos.

Entre 2015 y 2016 Amnistía Internacional registró la muerte violenta de 437 personas activistas pro-Derechos Humanos, buena parte de ellas ambientalistas, en 22 países.

Actualmente, mujeres y hombres de todo el mundo asumen riesgos enormes para defender nuestros derechos. Pueden ser docentes, estudiantes, opositores políticos, trabajadores y trabajadoras de fábricas, periodistas, profesionales de la abogacía, etc. Puedes ser tú, tus familiares o tus amistades.
A esas personas se las acosa, tortura, encarcela, e incluso se las mata, simplemente por atreverse a alzar la voz por lo que es correcto. Sin su valentía, el mundo sería menos justo y menos igualitario. Debemos respaldar a quienes defienden los derechos humanos en todo el mundo y hacer todo lo posible para que estén a salvo.

La persecución y violencia contra quienes defienden el medio ambiente es una constante en aquellos países donde empresas transnacionales extractivas, hidroeléctricas o del sector agroindustrial tienen intereses, muchas veces en connivencia con los poderes políticos y financieros.

Una de esas personas perseguidas fue la defensora medioambiental Berta Cáceres, de cuyo asesinato en Honduras se cumplen hoy dos años.

Berta Cáceres, líder y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que este año cumple 25 años, murió asesinada en la localidad de La Esperanza, provincia de Intibucá, en el oeste de Honduras. Durante años había hecho campaña enérgicamente contra la construcción de la represa de Agua Zarca en la comunidad de Río Blanco, que amenazaba al pueblo indígena lenca.

Esa campaña contra la instalación de un proyecto hidroeléctrico en el río Gualcarque, estaba tocando poderosos intereses económicos y políticos. Y las amenazas en su contra y contra otros integrantes del COPINH se habían convertido en rutinarios.

Pese a ello, Berta continuó con su actividad, porque frenar el trabajo no era una opción. El avance del proyecto ponía en grave riesgo el acceso de la comunidad a un río sagrado, y eso no era negociable. No en vano a Berta la llamaban la guardiana de los ríos.

En ese contexto se produjo el asesinato de Berta, una líder muy relevante en su país y a nivel internacional. Había recibido reconocimientos como el premio Goldman de Medioambiente, el máximo galardón mundial para activistas de medio ambiente, pero eso no evitó que la mataran.

Desde su brutal y, por el momento, impune asesinato, varios activistas medioambientales y de derechos humanos hondureños, algunos también del COPINH, han sido asesinados, hostigados y amenazados.

Un año después del asesinato de Berta, Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, hacía las siguientes declaraciones:

“El trágico asesinato de Berta demuestra el deplorable estado de los derechos humanos en Honduras. El mensaje es claro: si tu labor de derechos humanos molesta a los que tienen el poder, te matarán”.

“La investigación del asesinato de Berta, vergonzosamente deficiente y que hasta ahora no ha identificado a quienes ordenaron su muerte, así como la ausencia de un mecanismo eficaz para proteger a testigos y otros defensores y defensoras de los derechos humanos, muestra la falta de interés de las autoridades de Honduras en que se haga justicia.“Cada día que pasa sin que se haga justicia acerca a los y las activistas medioambientales hondureños es un paso más a un final trágico. No protegerlos es no proteger los recursos naturales de los que todo el mundo depende para subsistir.”

Según el informe Represa de Violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres, el asesinato de Berta fue ordenado por ejecutivos de la empresa hondureña DESA, responsable de la hidroeléctrica Agua Zarca, a la que ella se oponía, en alianza con fuerzas de seguridad del Estado.

Hasta ahora hay ocho personas detenidas, entre quienes estarían los autores materiales del crimen, que aún no ha sido resuelto. La familia reclama que las autoridades hondureñas procedan con “la captura, enjuiciamiento y condena de los autores intelectuales” y “la responsabilidad” del Estado hondureño por no haber protegido a Berta, quien gozaba desde 2009 de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de haber denunciado amenazas de DESA por haber encabezado movilizaciones contra la construcción de una hidroeléctrica.

Recientemente tuvimos la oportunidad de contar con la presencia en Huesca de Laura Zúñiga, una de las hijas de Berta. Laura nos mostró que, a pesar de las dificultades que atraviesa Honduras, la lucha de Berta sigue más viva que nunca y que no van a parar hasta conseguir justicia.

Con este acto queremos recordar que las autoridades hondureñas tienen la obligación de llevar a los responsables de la muerte de Berta Cáceres ante la justicia y de garantizar protección a quienes defienden los derechos humanos en Honduras.